- La SEE publica un posicionamiento en el que defiende que el acceso a una vivienda digna, estable, segura y asequible debe considerarse una prioridad de salud pública
- La amenaza de desahucio y la inseguridad residencial afectan a la salud mental, mientras que un coste excesivo de la vivienda puede comprometer gastos esenciales como la alimentación o los medicamentos
- La turistificación y la gentrificación pueden debilitar las redes vecinales y favorecer el aislamiento social, la soledad no deseada y el desarraigo
- La falta de vivienda asequible también puede dificultar la incorporación y permanencia de profesionales sanitarios, docentes y de otros servicios públicos


