La agricultura española depende ampliamente del trabajo estacional, especialmente en sectores feminizados como la recolección y el manipulado. En este contexto, las mujeres temporeras, particularmente las migrantes, asumen una carga desproporcionada de riesgos específicos, directamente vinculados al género, la situación migratoria y las condiciones de trabajo impuestas.
Estas diferencias no son anecdóticas ni marginales: afectan al acceso a la salud, a la protección frente a la violencia y al ejercicio de derechos fundamentales. Las mujeres enfrentan formas sistemáticas de discriminación, segregación y control, que incluyen prácticas ilegales de selección laboral, exposición a violencia de género, barreras estructurales al sistema sanitario y condiciones de vivienda que atentan contra su dignidad y seguridad.
Esta situación persiste a pesar de contar con una amplia base normativa nacional e internacional que prohíbe estas vulneraciones. La brecha reside en la aplicación de las leyes: el incumplimiento sistemático por parte de empresas, administraciones y cadenas de suministro, en ausencia de inspección efectiva y sanciones, constituye una forma de tolerancia institucional hacia la discriminación estructural.
La desigualdad de género en el empleo agrícola no es un efecto colateral: es el resultado de un modelo de contratación y organización del trabajo que prioriza la eficiencia económica por encima de los derechos humanos.
HALLAZGOS CLAVE
Segregación de tareas por sexo y brechas de género: contratación desigual y dependencia de intermediarios.
Alojamiento precario, con mayor control y exposición al acoso en mujeres; exclusión residencial y mayor movilidad en hombres.
Riesgos diferenciados: mujeres expuestas a posturas forzadas, repetitividad y riesgos reproductivos; hombres a accidentes traumáticos y sobrecarga física.
Violencia y acoso con sesgo de género, a pesar de la obligación empresarial de prevención según el Convenio 190 de la OIT y la legislación española existe una implementación insuficiente.
Cobertura sanitaria teórica universal, pero con barreras prácticas (idioma, falta de empadronamiento, desplazamiento, SSR…) y barreras administrativas y de capacidad del sistema sanitario (idiomáticas, culturales, horarios de atención), especialmente para migrantes en situación irregular.
