Ante la crisis migratoria fronteriza de Ceuta iniciada el 30 de julio de 2026, se impone abordar este hecho desde
una perspectiva de género y salud pública, con dos finalidades: visibilizar la violencia de género y sexual
documentada durante la crisis como determinante estructural de salud y no como efecto colateral incidental —
con especial atención a la violencia que sufren las mujeres adultas migrantes, invisibilizada incluso frente a los
casos de menores ya documentados—, y señalar la ausencia de datos sanitarios desagregados por sexo y edad como una barrera activa para una respuesta institucional adecuada.
